Hasta hace pocos años, las normas ecuatorianas no sancionaban la caza de animales silvestres como el oso andino, la minería artesanal realizada sin autorización o la contaminación del aire proveniente de las industrias. Sin embargo, a partir del 2008, algo modificó la forma de entender el Derecho en Ecuador. Este libro explica el giro de 180 grados que dio el Derecho penal ecuatoriano a partir del reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto con derecho a la protección, la preservación y la reparación.

En la actualidad, los abogados, fiscales, jueces, servidores públicos y víctimas de la contaminación se plantean una serie de interrogantes que esta obra despejará; por ejemplo, ¿Toda conducta que atenta contra la naturaleza es un delito?; ¿Los derechos de la naturaleza tienen cabida en el derecho penal?; si ocurre un daño ambiental: ¿Debo iniciar acciones administrativas o penales?; ¿Se puede declarar la culpabilidad de quien contamina, sin que sea necesario probar que esa persona actuó con culpa o dolo?

El público al que está dirigido este libro no son únicamente los expertos en Derecho, puesto que los casos que aquí se analizan permiten dar respuesta a una serie de preguntas que todos nos hicimos alguna vez: ¿Quién debe reparar los daños ambientales producidos por un derrame de crudo?: ¿la empresa que contamina o el trabajador que vierte el crudo?; ¿Qué medidas de reparación caben frente a la pesca ilegal de 6223 tiburones martillo en las islas Galápagos?; ¿Puedo denunciar a mi vecino si su taller de pinturas emite gases nauseabundos que me están enfermando?; si me contratan como chofer para transportar costales de papas a Quito, ¿Puedo ser declarado culpable por el delito de transporte ilegal de minerales, en caso de que la policía, tras inspeccionar el camión, encuentre que los costales no tienen papas sino oro?

En definitiva, tenemos en la mano una obra que evidencia la pertinencia (o desatino) que tuvo el legislador ecuatoriano a la hora de incluir dieciocho tipos penales ambientales en el Código Orgánico Integral Penal y el grado de incidencia que ha tenido el derecho penal a la hora de proteger y reparar a la naturaleza.